Leviatán arrancó el año proponiendo un nuevo abordaje para pensar y discutir la Política (con mayúscula). Empezamos con las ideas. Seguimos con las personas. Se llenó con las peleas de siempre hasta el empacho.
Por eso, para cerrar el año, me pareció interesante resumir todos esos debates en la figura siempre presente de las instituciones políticas.
¿Descolgado? No. Lo que viene ocurriendo desde hace semanas con las tomas de predios (en particular con Villa Soldati, con un post específico sobre el tema) me llevó a reflexionar sobre esas instituciones políticas. Las argentinas, en particular, pero también las latinoamericanas, en general. No sobre su eficacia o eficiencia, sino sobre el valor social que tienen y su grado de aceptación o rechazo.
¿Por qué se me ocurre ahora hacerlo? Porque la sensación de desgobierno, la falta de autoridad y orden, y los durísimos debates que se dieron en distintas redes sociales me hicieron pensar qué pasó esta vez que nadie dijo “con los militares esto no pasaba”.
Me llamó poderosamente la atención. El debate ciudadano se centró, en esta ocasión, en la capacidad acertada o errada de las autoridades electas para resolver el tema; en la vocación o ausencia de colaboración entre estructuras gubernamentales diferenciadas; y en la necesidad de resolverlo pronto por medios democráticos.
Bueno, ¿qué cambió? Vayamos a la última encuesta de Latinobarómetro. Los números que arrojó el informe son muy buenos y positivos (en esta web): el 61% de los encuestados considera a la democracia como la mejor forma de gobierno, mientras que tan sólo el 15% cree que es mejor un gobierno autoritario y a un 16% le da lo mismo.
Si comparamos estos datos con los arrojados hace 10 años (en el 2001), el progreso es notable: 48% nada más creía en la democracia, 19% prefería un gobierno autoritario y al 21% de la población cualquiera de las dos opciones.
Estos últimos números no deberían llamar la atención si tenemos en cuenta que entre 1989 y 2005 13 presidentes latinoamericanos no terminaron sus mandatos constitucionales, ya sea por renuncia forzada, Juicio Político u otra razón. La ineficiencia, la ineficacia y, sobre todo, la corrupción de los tomadores de decisiones pusieron en cuestionamiento a la totalidad del sistema político, dudando sobre su verdadera funcionalidad.
Situación que, en muchos países, llevó a una alta inestabilidad política durante un tiempo considerable y que dejó fuertes huellas en cada uno. Venezuela, Ecuador, Argentina y Bolivia son algunos casos fuertes. Bolivia, por ejemplo, comenzó a vivir un fuerte reacomodo de las distintas fuerzas políticas (algunas desaparecidas, otras nuevas). Argentina, por otro lado, evolucionó de un bipartidismo clásico (con medio partido más) hacia un multipartidismo moderado.
Volvamos al presente y a la Ciudad de Buenos Aires. La (casi) crisis política desatada por Villa Soldati fue una muestra de la solidez que han adquirido las instituciones políticas en los últimos años. Las demandas sociales se dirigieron, básicamente, para reclamar orden y control en las zonas tomadas, pero no hacia las fuerzas militares sino hacia las autoridades civiles que controlan a esas fuerzas.
Tanto las autoridades constituidas (Poder Ejecutivo Nacional y Poder Ejecutivo de CABA) como las fuerzas políticas que ocupan temporalmente esos sillones (Frente para la Victoria y Propuesta Republicana) captaron esos reclamos y actuaron conforme a ellos, no sin diferencias mutuas y acusaciones cruzadas. Las peleas de siempre.
¿Qué sacamos en limpio? En primer lugar, que las instituciones dotadas de autoridad y poder político, encargadas de tomar decisiones públicas y con un mandato establecido, fueron respetadas como tales. Sus funciones y sus ocupantes también.
En segundo lugar, las estructuras medias que representan los partidos políticos se limitaron a jugar su papel de canalizadores de las demandas sociales, siguiendo sus preceptos y principios ideológicos. Lo positivo de este segundo punto es que no sólo FPV y PRO actuaron y declararon sobre el tema, sino que el resto de los partidos políticos del espectro argentino acusaron recibo de la situación y se ofrecieron, con buenas o malas intenciones y con más o menos protagonismo, para participar en una solución consensuada.
Esto no quiere decir que la ética y la moral republicana predominen en todas las autoridades, (ya sean nacionales o locales), ni que la población crea que así ocurre. Pero sí, por lo menos, hay un consenso general de que las actuales reglas institucionales son las más adecuadas y las que mejor canalizan el conflicto social.
En fin, todos cumplieron sus roles como se esperaban (y como se espera) de un sistema político maduro, sólido y consistente. Hasta las diferencias políticas hicieron lo que se esperaba.
Claro que acá rompemos las reglas básicas del método comparado. No se puede comparar la situación en Villa Soldati con la crisis del 2001 en Argentina, la Guerra del Gas en Bolivia o la reciente crisis de inestabilidad ocurrida en Ecuador. Pero sí hay un puntapié interesante: que la aceptación social de las instituciones políticas y, por ósmosis, del sistema político, es más fuerte y sólida. Aunque sea a nivel subnacional.
De ahí, para arriba.
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