Las chances institucionales de Macri

Dos tormentas azotaron el mundillo político argentino durante las últimas semanas. Primero, un rápido y agilizado debate por la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo (marchas mediante). Segundo, un escándalo por espionaje ilegal que afecta gravemente a la Jefatura de Gobierno porteño, personificada en la figura de Mauricio Macri. Ninguno de los dos tiene nada que ver con el otro, pero los medios se mofaron de todos lo hecho y dicho en ambos sucesos.

El primero, claro, no interesa. Me interesa el segundo. Sobre todo por una particularidad. Es asombrosamente sorprendente la inestabilidad política que se genera en torno al cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En 2006 tuvo lugar un proceso de Juicio Político contra el entonces titular del Ejecutivo porteño, Aníbal Ibarra, quien terminó siendo destituido. El cargo tenía tan solo, en esos días, 10 años de edad. Hoy tiene 14.

Paradojas del destino político: hay temor de que la historia se vuelva a repetir. Sin embargo, los más temerosos deberían considerar antes las ventajas institucionales que le brinda la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires a Mauricio Macri. Aníbal Pérez-Liñán nos puede dar una mano para entenderlo.

Condicionantes institucionales

El esquema es similar al de un Presidencialismo. Un Poder Ejecutivo (Jefe de Gobierno) responsable de la planificación y administración de la ciudad, y la puesta en marcha de las leyes; y un Poder Legislativo (Legislatura) encargado de dictar las leyes y “controlar” al Ejecutivo. Es en esta última función donde aplica el mecanismo de Juicio Político.

Claro que tal mecanismo, en caso de ser puesto en marcha, generaría un importante cimbronazo en el sistema político e institucional de la ciudad (ya tuvimos una experiencia previa). De modo que existen importantes condicionantes para que se aplique.

La Legislatura se debe dividir en dos salas. Una Sala Acusadora, integrada por 45 legisladores y respetando la proporcionalidad de los partidos políticos. Otra Sala de Juzgamiento, con los 15 legisladores restantes, siguiendo también la proporcionalidad política. Una vez confirmada la acusación y con la asistencia de una comisión de investigación creada para tal fin, se decide con dos tercios de sus integrantes (30 legisladores) proceder al Juicio Político. Si es afirmativo, lo lleva adelante la Sala de Juzgamiento, pudiendo destituirlo de su puesto con la misma fórmula de los dos tercios (10 legisladores).

Factores políticos

Ahora algunas cuestiones de política dura. La diaria. Pérez-Liñán (acá) detecta tres atenuantes que pueden contribuir a iniciar un proceso de Juicio Político. Primero, presencia de medios masivos de comunicación atraídos por los sucesos y deseosos de explorar y sacar a la luz nuevos hechos en torno al “escándalo político”.

Segundo, legisladores que, siendo los responsables de acusar y juzgar al Ejecutivo, valoren lo sucedido de acuerdo a sus propios intereses particulares y actúen, como consecuencia, estratégicamente. Por ejemplo, en caso de contienda electoral cercana, pueden romper filas con su partido político y actuar siguiendo el deseo popular.

Tercero, cierta presión popular que incida en los dos actores antes mencionados. A los legisladores, forzándolos a que actúen siguiendo sus pedidos de justicia o, en caso contrario, penalizarlos en las próximas elecciones. Ello incluye movilizaciones sociales de protesta. A los medios de comunicación, el interés suficiente en el escándalo para que las investigaciones periodísticas aumenten y salgan a la luz novedosas revelaciones. Esto produciría nuevas presiones y protestas. Y así sucesivamente.

Resumen: los tres actores se interrelacionan mutuamente, influyendo en las decisiones de los otros y vinculando los intereses de todos con todos.

Las buenas chances

Mauricio Macri, al día de hoy, encuentra ventajas con este esquema institucional y en este escenario político. Aunque parezca adverso, encuentra ventajas.

La ciudadanía (última Jueza del destino político de los Políticos) no tiene demasiado interés en el escándalo. No hubo movilizaciones masivas de protesta por lo sucedido, ni reclamos violentos por aclarar si Macri estuvo involucrado o no. El altísimo nivel de presión social (con una tragedia en el medio) que derivo en el Juicio Político contra Aníbal Ibarra no se está sufriendo actualmente. La naturaleza misma de ambos escándalos es completamente distinta. Por ende, el efecto presión en los medios de comunicación no es tan elevado.

Ergo, los legisladores no tienen la necesidad de actuar “presionados” en contra del Jefe de Gobierno. Acá es donde entran a jugar las bancas. Actualmente, PRO (oficialismo porteño) cuenta con 24 legisladores propios más dos aliados a su favor (total 26). Si el mínimo necesario para proceder al Juicio Político es de 30 (sobre 45 de la Sala Acusadora), los interesados en iniciar el procedimiento deben sumar 5 voluntades de las 19 PRO. Si pasa la iniciativa, la Sala de Juzgamiento debe destituirlo con 10 votos sobre 15, debiendo convencer a 1 legislador de los 6 PRO.

Para que eso ocurra, se deben dar tres situaciones. Primero, que se rompa la disciplina partidaria del oficialismo porteño (bastante férrea por cierto). Segundo, que la oposición en la Legislatura (bastante fragmentada) se ponga de acuerdo en avanzar en el proceso. Hasta ahora sólo unos pocos legisladores tibiamente han expresado este deseo. Tercero, que aquellos legisladores que deseen pasarse al bando acusador tengan asegurado un lugar en las listas legislativas del año próximo o en los bloques que se armen.

Eso solo ocurriría si algún legislador o referente opositor contara con serias chances de quedarse con la Jefatura de Gobierno en 2011. Por ahora, la de mayor intención de voto es Gabriela Michetti (PRO), seguida por Adrián Pérez (CC-ARI), quien todavía no fue medido y se encuentra en las antípodas ideológicas.

Queda entonces descartado todo pase o “transfuguismo”, y Mauricio Macri puede descansar en paz en sus buenas chances. La única desventaja que puede tener es que la investigación, tanto de parte de una posible comisión legislativa como de parte de la Justicia Federal, avance y se confirme con pruebas certeras que fue partícipe directo del escándalo.

Ahí la presión popular puede llegar a restarle apoyo electoral el año que viene y no habrá candidato PRO que pueda levantarlo. Ahí no habrá institución que salve. Son elecciones.