El año arrancó con todo. La #ReformaPolítica
se nos vino encima. Y Leviatán se despertó. Guarda.
Se publicaron notas muy interesantes al respecto, muchas de
amigos de este espacio. Tanto en Bastión Digital (acá
y acá)
como en el dossier de El Estadista (acá,
acá, acá, acá y entrevista acá). Como no queríamos ser menos,
con @paduis nos
animamos a pensar qué puede pasar con las #coaliciones.
Nos centramos en las propuestas de reforma del calendario electoral.
Y salió esto. Salud.
La reforma del calendario
Se están abriendo las
distintas cajas de Pandora: coparticipación federal, transferencias
fiscales, renovación del Partido
Justicialista (PJ), programas de obra pública que involucran a más de un
distrito con más de una autoridad a cargo. Y, claro, la tía molesta de todas
ellas: la Reforma Política.
La propuesta de
Cambiemos, en plena discusión y con el pan calentito, se centra en tres ejes
principales: implementación de boleta única (en modalidad electrónica o formato
papel), creación de una autoridad de administración electoral independiente del
poder ejecutivo y ordenamiento del calendario electoral. De las tres
propuestas, ésta última es la que mayor impacto puede llegar a tener por sí
sola sobre las coaliciones electorales.
La política de coaliciones
Tal como hemos sentado
postura anteriormente, la política
partidaria argentina es, hoy en día, política de coaliciones. La particularidad
de nuestro país radica en que estos acuerdos políticos entre partidos tienen
una dinámica de construcción en cuatro arenas de competencia electoral que son distintas
pero están conectadas en “juegos anidados”: jugar en un nivel
impacta en los demás, y viceversa. Por un lado, los actores acuerdan coaliciones
nacionales para competir por el cargo presidencial. Por otro lado, las
coaliciones de distrito son las que se forman para la elección de diputados y
senadores nacionales, construidas en cada provincia de manera autónoma. La
regulación electoral contempla, asimismo, coaliciones para competir por los
cargos provinciales (gobernador y legisladores), y también encontramos
coaliciones vecinalistas para los cargos municipales (intendente y concejales).
Bondades argentinas, no
existe ninguna restricción a la hora de armar las coaliciones. Todas las
ensaladas son bienvenidas. Los partidos pueden ser aliados en el nivel nacional
y no acordar en el nivel de distrito, provincial o municipal: gozan de autonomía
para formar alianzas congruentes (mismos partidos integran las mismas
coaliciones) para competir por los distintos cargos en juego, presentarse por
separado, o aliarse con otros partidos. ¿Complejo? Un poco de rusa, por favor.
Pero no deja de ser
relevante, por una serie de razones. Primero, porque los partidos tienen que
diseñar una estrategia de campaña a partir de los competidores que tienen
frente a ellos. Si van juntos por un cargo pero separados por otro, ¿son
adversarios? Segundo, porque las negociaciones por los lugares en las listas
legislativas y por la conformación de las fórmulas ejecutivas dependen del
entramado de estrategias coalicionales: si los socios son los mismos, la
negociación puede ser más sencilla; si no lo son, agarrate Catalina.
¿Y cuál es el impacto
de los calendarios electorales sobre lo anterior?
La política de los calendarios
Existe evidencia académica que muestra que cuando
los calendarios de las distintas arenas electorales son separados, se generan
incentivos para que los dirigentes políticos conformen coaliciones diferentes en
cada competencia. Contrariamente, las elecciones “pegadas” actúan como un
incentivo hacia coaliciones con un mayor nivel de congruencia (más parecidas
entre sí). Y esto aplica tanto para las elecciones concurrentes entre el poder
ejecutivo y legislativo como para las simultáneas entre el nivel nacional y
provincial/municipal.
La legislación
electoral de nuestro país faculta a los gobernadores a elegir la fecha de sus
elecciones provinciales, pudiendo adherir a la simultaneidad con las elecciones
nacionales si así lo desean. En la actualidad, las constituciones de CABA,
Chaco y Tierra del Fuego prohíben expresamente que las elecciones locales sean
simultaneas a las nacionales (aunque esta ultima la permitió en 1991). En el
caso de CABA solo se prohíbe la simultaneidad con la elección de presidente. En
cambio, en Formosa la simultaneidad es obligatoria. La posibilidad de separar
los comicios genera a los líderes provinciales una importante autonomía para
ajustar el calendario electoral a su propia conveniencia política ya sea
localizando los conflictos políticos, o por el contrario, nacionalizando la
elección provincial para explotar externalidades.
Haciendo un repaso de
la relación entre los calendarios provinciales respecto de los nacionales,
notamos en el gráfico que sigue que entre 1983 y 1993 casi la totalidad de las
elecciones provinciales se realizaron de manera simultánea con el calendario
electoral nacional. Pero a partir de 1995, muchas provincias comenzaron a desdoblar
para contrarrestar los efectos negativos del arrastre de votos desde la
categoría de presidente. La proporción de provincias con elecciones locales
“pegadas” a las nacionales disminuye en los turnos electorales en que se elige
presidente. Este dato es un indicador de que los oficialismos provinciales
hacen uso del calendario como estrategia para evitar el efecto arrastre “hacia
abajo” que la elección de presidente genera cuando el partido o la facción del
candidato presidencial con más chance de ganar no coincide con el partido o
alianza del gobernador. O de igual forma, cuando el hecho de estar “pegado” en
la boleta al candidato al ejecutivo nacional de su partido o coalición es
percibido por el gobernador como una resta al caudal electoral de sus
candidatos en los cargos provinciales.
Gráfico N° 1. Proporción de
elecciones provinciales simultáneas a los comicios de diputados nacionales y de
presidente, por año (1983-2015)
*Cuenta como elección simultánea si la elección provincial se realiza
en la misma fecha que las primarias nacionales o coincidiendo con las
elecciones generales nacionales.
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Notas: en 1997 Corrientes realizó las elecciones de gobernador y de
diputados provinciales en fechas separadas. Lo mismo ocurrió en 2003 en
Córdoba y en 2007 en La Rioja. En los tres casos, la elección legislativa
provincial fue la simultánea con la nacional.
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Fuentes: elaboración propia en base a datos de la Cámara Nacional
Electoral y tribunales electorales provinciales.
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En 1999 y 2003 todas
las provincias llevaron adelante elecciones para cargos provinciales, con las
excepciones de CABA en 1999 y Santiago del Estero en 2003. En el 80% de los
casos en 2003, los gobernadores decidieron que sus elecciones se realizaran de
manera simultánea a las legislativas nacionales (entre 1991 y 2004 los
gobernadores podían fijar la fecha de las elecciones para el Congreso de la
Nación en sus respectivos distritos). Solo tres provincias, Buenos Aires, La
Rioja y San Luis, hicieron coincidir su calendario electoral con la competencia
por la presidencia.
El caso de 1999 es más
llamativo: es menor la proporción de provincias que “pegó” su elección
provincial a la puja por el ejecutivo nacional (30%) que a la competencia por
el Congreso Nacional (50%). En este sentido, entonces, en la mitad de los casos
los gobernadores prefirieron que la dinámica local estuviera separada de un
posible efecto arrastre no solo presidencial sino también legislativa (cuando
fuera el caso). Se cortaron solos.
El impacto de dos propuestas de reforma
Al día de hoy, existen
distintas propuestas para reformar la coordinación de los calendarios electorales.
Analicemos dos escenarios hipotéticos. En uno de ellos la unificación de las
elecciones nacionales y provinciales en un mismo día. Para las municipales,
cada autoridad provincial lo define cómo mejor le convenga.
Si el objetivo de la
reforma es simplificar el proceso electoral es preciso quitar a los
gobernadores la facultad de fijar la fecha de las elecciones. Un esquema de
esta naturaleza equipararía a todos los partidos bajo la previsibilidad de que
los turnos electorales no varían según el color político que ocupe el ejecutivo
provincial y colocaría a los partidos en un escalón arriba de igualdad en la de
por sí desigual competencia (los oficialismos gozan de ventajas pero es harina
de otro costal). Punto positivo.
Sin embargo, juntar
calendarios implicaría atar la dinámica política territorial a la lógica de la
coyuntura nacional. La práctica actual muestra que cada distrito es un mundo y
las coaliciones no escapan de esto. Tal como muestran las infografías de
CIPPEC,
en las últimas elecciones nacionales tan solo el Frente para la Victoria (FPV)
replicó su coalición electoral en todas las provincias. Varió la situación de
las restantes coaliciones nacionales como Cambiemos, Progresistas o el Frente
de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). En algunos distritos replicaron la
alianza nacional, en otros, los partidos integrantes compitieron por separado,
tuvieron otros aliados, o no compitieron. La simultaneidad obligada erosionaría
(aún más) el espíritu del (ajado) federalismo argentino.
Pero al igual que como
no todo lo que brilla es oro, no toda sombra implica el lado oscuro.
Calendarios unificados y simultáneos aumentaría la congruencia de las alianzas.
Ya no más agarrarse los dedos contra la puerta cuando mi partido hace coalición
con otro para competir por la presidencia, pero resultan rivales en la elección
de gobernador. Porque hoy, votar, me convierte en un Emo de Peter Capusotto.
Escenario dos, el ordenamiento
de los calendarios de manera escalonada: 1) PASO provinciales en la misma fecha
(para aquellas provincias que cuenten con ellas); 2) elecciones provinciales generales
un mismo día; 3) PASO nacionales; y 4) elecciones nacionales generales. Una reforma
por el estilo se asemeja en dos cuestiones al escenario anterior: también quitaría
la facultad a los gobernadores de elegir la fecha de sus elecciones
provinciales y asimismo, pondría en igualdad de condiciones a los partidos. Sin
embargo, la diferencia es sustancial, dado que mantendría el margen de maniobra
con que cuentan los dirigentes partidarios de las provincias para atender un
juego político territorial separado de la dinámica nacional. Esto supone dos
cuestiones.
Por un lado, se
reducirían los costos de transacción dirigencial: separando las elecciones se
separan las negociaciones. Los dirigentes provinciales acuerdan primero sus
listas legislativas y fórmulas ejecutivas. Posteriormente y con el juego
armado, los dirigentes nacionales cuentan con mayor espalda para cerrar las
candidaturas legislativas nacionales sin que los acuerdos distritales entorpezcan
quién va primero, segundo o tercero. Por otro lado, los electores podrían discriminar
“quién va con quién” en cada elección, tanto en las nacionales como en las
provinciales. De paso, Pedro de Villa Urquiza no se vuelve loco cada domingo
electoral.
Para cualquiera de los
dos escenarios, se requiere la titánica tarea de coordinar las preferencias de
un presidente, varios ministros, muchos subsecretarios, veinticuatro
gobernadores, infinidad de legisladores nacionales y provinciales, y un
sinnúmero de partidos. Además, es muy necesario fortalecer a los partidos
nacionales sin restar facultades a los partidos de distrito y provinciales.
¿Factibilidad? El
segundo escenario por sobre el primero. Paciencia, Catalina.
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